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Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse. En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la ...

Una aplicación rígida e irreflexiva del principio de buena fe, incorporado en el proceso de restitución de tierras, puede llevar a desconocer o transgredir derechos fundamentales. Aquí, una recopilación de los diferentes problemas jurídicos que se han presentado. El proceso de restitución de tierras, creado con el fin de revertir el abandono y despojo de tierras que han sufrido los campesinos en las últimas décadas, incorpora una serie de principios como la buena fe y la inversión de la carga de la prueba en los procesos de restitución. Esto implica que el Estado tiene el deber de presumir la buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba que les exige. Además, esta ley prevé mecanismos para evitar la legalización de predios y el pago de compensaciones, a quienes apoyaron los desplazamientos o se aprovecharon del contexto de violencia para adquirir u ocupar los predios. Este estudio busca explorar los diferentes problemas jurídicos que suscita la aplicación de estos conceptos, con respecto a los diferentes tipos de intervinientes en el proceso. Esto, teniendo en cuenta que los predios reclamados han sido ocupados tanto por los opositores...

La restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto. La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva. Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por...

Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compilación rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario. Entre 2012 y 2013 aproximadamente 7.073.897 hectáreas de tierras fueron objeto de despojo y abandono en Colombia, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la Republica. Esta situación ha afectado la integridad física y el proyecto de vida de las víctimas, ha disminuido el crecimiento anual de la economía agropecuaria, ha destruido lazos comunitarios, y ha dificultado la consolidación del Estado de derecho, la democracia y la paz. El objetivo de la restitución de tierras no es otro que la consolidación de un verdadero Estado de derecho, y una democracia bajo la idea de que no es legítimo o aceptable reactivar la economía agraria ignorando la ilegalidad que la fundamenta. Ahora bien, este proceso de restitución ha enfrentado enormes dificultades. La guerra continúa y muchos de los poderes que han estado detrás del despojo siguen dominando en muchas regiones. Los desafíos de...

Cerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de ...

Colombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave. La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este. En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las...

Desde principios del siglo XX ha estado presente en el debate público el tema de la distribución de la tierra en Colombia. El intento de reforma agraria a mediados del siglo XX y los debates sobre su éxito o fracaso redistributivo, sin embargo, adquirieron otros significados con la emergencia de políticas rurales liberales en la década de los noventa, más preocupadas por la seguridad en la tenencia, la propiedad y la productividad de la tierra. Durante la segunda década del siglo XXI, con el crecimiento exponencial de grandes olas de desplazamiento forzado de poblaciones rurales a causa del conflicto armado (que habían empezado una década antes), el debate sobre la tierra revivió, con mucho énfasis en la importancia de los derechos de propiedad. A pesar de la proliferación de investigaciones so¬bre el papel que la tierra y su distribución desempeñan en la violencia en Colombia y de los múltiples diagnósticos de los efectos de dicha violencia sobre la población rural y sus derechos de propiedad, poner sobre la mesa la posibilidad de expedir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hizo que el tema de la distribución volviera a alcanzar la dimensión de los...

El ‘régimen de condicionalidad’ es una innovación del actual proceso de justicia transicional colombiano cuya materialización enfrenta múltiples retos. Dicho régimen es un mecanismo mediante el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca que los beneficios a los comparecientes se confieran sobre la base de su efectiva contribución a los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición). Este esquema de beneficios condicionados aplica para todos los comparecientes ante la JEP y se operacionaliza a través de los Trabajos, Obras o Acciones con sentido Reparador (TOAR) y/o mediante las Sanciones Propias en aquellos casos en que se trate de comparecientes seleccionados. A partir de procesos de investigación emprendidos por varias instituciones que vienen observando la JEP, este documento identifica y reflexiona sobre algunos retos del régimen de condicionalidad, tales como la forma de entender la dimensión reparadora y restauradora de los TOAR, la indeterminación de algunos conceptos, la falta de claridad sobre los mecanismos de participación de las víctimas, la situación de inseguridad en varias regiones del país,...

En el contexto de la investigación por macrocasos que debe adelantar la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la SRVR debe remitir a aquellos responsables que no reconocen su responsabilidad por los crímenes más graves y representativos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que se inicie un procedimiento adversarial. Lo que no esta del todo claro es si esta remision debería hacerse antes o después de expedirse un Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en el que se definen los patrones y políticas de macrocriminalidad y se identifican e imputan los máximos responsables. El presente texto analiza las implicaciones del caso de Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de una remisión temprana antes de la expedición de un ADHC. Una de las preocupaciones mas importantes que plantea el caso de Almario es la de cuáles son los problemas potenciales con identificar un máximo responsable en una etapa temprana, fuera de un ADHC que evalúa la máxima responsabilidad en el contexto de una determinación exhaustiva de las políticas y patrones de la macrocriminalidad en los que se da...

El presente documento se pregunta cómo definir la situación jurídica de los comparecientes que no hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras que la situación jurídica de los máximos responsables en estos crímenes tiene que ser definida por vía de selección y sanción, la de los comparecientes con participación no determinante puede variar entre tratamientos penales especiales no sancionatorios (rutas de selección negativa) o, excepcionalmente, la selección con fines de imponer sanciones propias o alternativas inferiores a cinco años (rutas de selección positiva excepcional). En ese sentido, las preguntas principales que orientan esta reflexión son: ¿qué es la participación no determinante en los crímenes más graves y representativos? y ¿cómo definir la situación jurídica de aquellos comparecientes que pertenecen a esta categoría? El propósito de este documento es estudiar distintas opciones y su conveniencia para el trabajo de la JEP. Así, el texto se divide en tres partes. La primera examina el concepto de participación no determinante en los...

Cada año, millones de personas en todo el mundo mueren por causas prevenibles relacionadas con afectaciones a la salud pública, entre ellas, los siniestros de tránsito. Conscientes de la importancia del marco regulatorio en la mejora de las condiciones de movilidad, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial recomendó la adopción de estándares en seguridad vehicular como uno de los pilares fundamentales. Sin embargo, la incorporación de estándares regulatorios más claros en materia de seguridad vehicular trae también nuevas preguntas para Colombia. La finalidad de este documento es, entonces, analizar, de manera sencilla y práctica, las implicaciones que traería para Colombia la incorporación de estándares internacionales en seguridad vehicular y cómo se armonizan estos con los compromisos adquiridos por el país en el marco de los acuerdos comerciales e inversión.

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los conceptos de máximo responsable y de partícipe no determinante y cómo diferenciarlos depende quiénes son las personas con la más alta responsabilidad para los crímenes de sistema cometidos durante el conflicto colombiano que merecen un trato sancionatorio (máximos responsables) y quiénes recibirán un trato no sancionatorio, salvo en circunstancias excepcionales (participes no determinantes). Estos conceptos también determinan la ruta procesal para definir la situación jurídica de los comparecientes. Para evaluar los avances de la JEP sobre estos conceptos complejos y presentar recomendaciones para su futuro trabajo, con base en la jurisprudencia relevante de la Sección de Apelación de la JEP y de decisiones tomadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en cuatro sub-casos del macrocaso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), el documento analiza los criterios de selección positiva de los máximos responsables y de la selección positiva excepcional de algunos partícipes no determinantes, así como las decisiones sobre la remisión...

Los siniestros viales se han convertido en uno de los mayores problemas para el país que conlleva graves consecuencias tanto para la economía y la salud, como para la estabilidad de las familias. Entre el periodo de 2005 a 2018 se registraron 90.720 fallecimientos por siniestralidad vial. Ubicando a la siniestralidad vial dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en Colombia durante los últimos 14 años. A lo largo de los años han sido diferentes los esfuerzos tanto normativos como de política pública emprendidos a nivel nacional y local para abordar la problemática de los siniestros viales. Sin embargo, Colombia no ha logrado reducir el número de personas que al año fallecen o presentan alguna lesión en las vías. Por ende, este documento pretende analizar la importancia y legitimidad de una regulación más estricta en seguridad vehicular para Colombia desde una perspectiva constitucional.

La mala calidad del aire es un problema ambiental y de salud pública de urgente atención por parte de los estados, quienes han adquirido compromisos internacionales que los obliga a adoptar medidas preventivas, regulatorias y de control. En Colombia existen debilidades en el monitoreo del aire, así como en la institucionalidad que debe proteger los derechos de la ciudadanía. Particularmente Bogotá, una de las ciudades que mayor polución tiene, se presenta como un caso de estudio para intercomparar datos del sistema oficial de medición de la calidad del aire y los sensores de bajo costo como apuesta para complementar y reforzar la línea base de datos públicos, así como para involucrar a la ciudadanía en la producción de ciencia

Este documento es un primer intento de consolidación de información relevante sobre la financiación de los puntos más protagónicos del Acuerdo Final de Paz (AFP): la Reforma Rural Integral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Para lograr esto, el documento explora - con un énfasis especial en el punto 1- las distintas fuentes de financiación, distribución de recursos y asignaciones presupuestales de los años que lleva la implementación del Acuerdo, considerando al mismo tiempo la capacidad fiscal del Estado colombiano y la economía política de las políticas fiscales en el país. Adicionalmente, se presentan detalles de la gobernanza de los recursos destinados a la implementación del AFP, con el objetivo de ofrecer mayor claridad sobre los mecanismos existentes con los que se cuentan para garantizar recursos fiscales suficientes a los objetivos propuestos en las políticas de justicia transicional que incluyen aspectos socioeconómicos. De este modo, se analizan tendencias en las asignaciones presupuestales a nivel de sector y entidad, y se comparan los resultados entre estas dimensiones del AFP para poder llegar a...

Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compilación rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario. Entre 2012 y 2013 aproximadamente 7.073.897 hectáreas de tierras fueron objeto de despojo y abandono en Colombia, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la Republica. Esta situación ha afectado la integridad física y el proyecto de vida de las víctimas, ha disminuido el crecimiento anual de la economía agropecuaria, ha destruido lazos comunitarios, y ha dificultado la consolidación del Estado de derecho, la democracia y la paz. El objetivo de la restitución de tierras no es otro que la consolidación de un verdadero Estado de derecho, y una democracia bajo la idea de que no es legítimo o aceptable reactivar la economía agraria ignorando la ilegalidad que la fundamenta. Ahora bien, este proceso de restitución ha enfrentado enormes dificultades. La guerra continúa y muchos de los poderes que han estado detrás del despojo siguen dominando en muchas regiones. Los desafíos de...

La declaración de derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el mundo rural aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2018, esto es, hace poco más de un año, trae consigo un artículo diecisiete, en el que se crea un derecho a la tierra para tales personas. No puede negarse que la disposición es controvertida. De hecho, ha sido una de las causas principales para la oposición y abstención de numerosos Estados, sobre todo europeos, a la declaración. Naturalmente, también hay dudas sobre su alcance, contenido, naturaleza jurídica, implementación e incluso sobre sus vías de desarrollo normativo. Hasta la relación que ha de tener con el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, en avanzado reconocimiento, genera dudas.

Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que ...

"Los avances y transformaciones geopolíticos, económicos, tecnológicos, industriales y financieros de las sociedades contemporáneas se han ido desarrollando paralelamente con diversas modalidades delictivas que cada vez son más sofisticadas y complejas, lo que ha puesto a prueba la eficacia de los Estados para comprender los fenómenos criminales, prevenirlos, combatirlos y gestionarlos. Procesos corruptos con alcance transnacional –como el soborno a altos dignatarios gubernamentales, evasión de impuestos con la anuencia de territorios no cooperantes, estafas financieras y defraudaciones en los mercados de capitales– y novedosos métodos de lavado de los recursos obtenidos ilícitamente son la preocupación actual que pone en entredicho el potencial del sistema penal para hacerles frente. En el ámbito internacional, este dinamismo ha conllevado la construcción de políticas en por lo menos tres escenarios: tipificando la responsabilidad penal de las personas jurídicas; delegando a las estructuras empresariales los deberes de prevención de la criminalidad mediante programas de cumplimiento; y creando o ampliando tipos penales para "nuevas" modalidades delictivas. Los...

La idea de innovación pública se desarrolla en la academia y en la práctica institucional del Estado de maneras diversas en diferentes partes del mundo. En América Latina la discusión es aún reciente. Por esta razón, el Laboratorio de Innovación en Gobernanza, Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia se propuso activar la discusión alrededor de este tema para explorarlo de forma más profunda e invitar a nuevas iniciativas y experiencias que contribuyan a difundir la innovación pública en Colombia. Este libro recoge la participación de múltiples actores provenientes de la academia y el sector público de orden local y nacional, y debates conceptuales sobre la innovación pública; también describe algunas de las acciones institucionales en Colombia enmarcadas en este concepto.

La grave situación de derechos humanos que viven los niños y niñas Wayúu en la Alta y Media Guajira, llevó a que a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en 2015 y a que la Corte Constitucional declarara un Estado de Cosas Inconstitucional en 2017. Aunque no hay duda de que La Guajira es uno de los territorios con mayores índices de pobreza y desigualdad del país, poco se conoce sobre la manera en que esta realidad se expresa en los territorios más dispersos del municipio de Uribia y cómo afecta sus condiciones de acceso al agua y el alimento. A partir de un análisis cualitativo de fuentes estadísticas y bibliográficas, como de diferentes datos recolectados en entrevistas semiestructuradas y trabajo en territorio, esta investigación aborda la posible relación entre la desigualdad económico-geográfica y el acceso a agua y alimentos de calidad en los ambientes escolares de Uribia. Su foco se centra en los entornos escolares por ser el lugar donde los niños y niñas Wayúu adquieren gran parte de los alimentos del día y adquieren hábitos alimentarios. Esta investigación hace parte de la serie Desigualdad Económica en...

Al año fallecen 1.35 millones de personas en el mundo como consecuencia de los siniestros viales. Estos son una de las principales causas de muerte y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. A su vez, millones de personas ven afectado su estado de salud por la nociva calidad del aire que se respira, una de cada ocho muertes fueron atribuibles a los efectos de la contaminación atmosférica. Si bien muchos países han tomado medidas para mejorar los marcos regulatorios e institucionales necesarios para apoyar los esfuerzos en estas problemáticas. Hoy en día no todos los vehículos cuentan con las mismas características en seguridad o control de emisiones contaminantes, dado que no todos los países cuentan con la regulación internacional para ello. Estas diferencias, generan efectos directos e indirectos en torno a la protección de los derechos humanos, entre distintos grupos socioeconómicos y entre distintos países, en especial los del sur global. En este documento se abordará, porqué una ausencia de regulación en torno a los vehículos ha supuesto una carga importante para la salud de las personas, que se manifiesta en forma de traumatismos por siniestros...

Este documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los ...

Mediante un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá, este texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares. ¿La regulación en materia de oferta y publicidad de productos comestibles ultraprocesados funciona en Bogotá? ¿La autorregulación por parte de la industria de bebidas azucaradas se está cumpliendo? ¿Los rectores de los colegios de Ciudad Bolívar se preocupan por la alimentación de sus estudiantes? Para responder a estas preguntas se llevó a cabo un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá. Este texto aborda estas preguntas a partir de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, que permite identificar el incumplimiento de la regulación existente. Además, se evidencia el desconocimiento del acuerdo de autorregulación de la industria de bebidas azucaradas y el incumplimiento del mismo. El texto muestra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados en entornos escolares. Lo anterior toma mayor relevancia si se tiene en cuenta la ineficiencia...

Recordar, conocer y reconocer la guerra con las antiguas FARC-EP es un ejercicio necesario para la reparación de las comunidades más afectadas y para la reconciliación política más ampliamente considerada. Con ese objetivo, hemos preparado este informe sobre las tomas armadas de pueblos en el Tolima, quizás el teatro de la guerra de más larga duración en la historia del conflicto armado con esa guerrilla. A partir de una investigación y un relato de índole periodística, ofrecemos a un público no especializado una reconstrucción histórica de las tomas guerrilleras como práctica de guerra y su papel en el plan que se habían trazado las FARC para la toma del poder. Este análisis de "las tomas para la toma del poder" lo acompañamos, además, de argumentos socio-jurídicos para que, con fines restaurativos, eventualmente la Jurisdicción Especial para la Paz juzgue este patrón de conducta.

En una conversación con Mark Zuckerberg, en abril de 2019, Yuval Noah Harari (historiador y filósofo israelí) se pregunta por los peligros que entraña la existencia de sistemas computarizados distantes que nos conozcan mejor que nuestra propia madre, sistemas cuyos intereses no están necesariamente alineados con los intereses de las personas. La acumulación de información a gran escala, afirma, supone la emergencia de un tipo de poder sin precedentes en la historia de la humanidad. Un poder que desafía los presupuestos del libre albedrío y de la libertad de elección de las personas, como individuos, consumidores o ciudadanos. Este libro se inscribe en una de las líneas posibles para abordar los múltiples desafíos de este nuevo tipo de poderosos sistemas. Pretende mostrar cómo las empresas en la era digital adelantan prácticas de captura masiva de datos personales y cómo están lidiando con el poder que otorga la acumulación de información, mientras intentan, a la vez, avanzar su estrategia de negocios y, en el caso de los gigantes de internet —Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft—, remodelar el comportamiento de individuos, clientes y ciudadanos por...

El deber estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario enfrenta importantes retos en contextos de justicia transicional. La priorización de algunos casos y la selección de los más serios responsables no riñe con el cumplimiento de dicho deber estatal, siempre y cuando el Estado preserve la posibilidad de imponer una sanción efectiva. Las reformas que elevaron a rango constitucional parte del Acuerdo Final de Paz (AFP) facultaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para priorizar algunos casos y concentrar el ejercicio de la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Por su lado, la Ley Estatutaria de la JEP (L1957/19) indicó que la participación determinante constituye un criterio de selección de los responsables que pueden ser llevados ante el Tribunal. Sin embargo, el contenido de los conceptos y la manera en que deberían ser aplicados por la JEP quedaron indeterminados. Con el objetivo de aportar en esta discusión, después de un análisis de la experiencia de algunos tribunales penales internacionales, este libro plantea...

El impulso de esta investigación nace de la tensión que se presentó en mayo de 2017 en el marco del cubrimiento periodístico de las exhumaciones de quienes fallecieron en la masacre de Bojayá. Así, este escrito tiene como propósito el planteamiento y la respuesta, desde una perspectiva sociojurídica, de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo narrar los hechos relacionados con el conflicto armado y con la transición a la paz sin vulnerar el derecho a la intimidad de las víctimas? O ¿cómo puede un periodista dejar constancia de un acontecimiento dramático o contar una injusticia que conmueva a sus lectores respetando los límites de la vida privada de las víctimas? Para responder a este cuestionamiento, en el presente documento se examinan las tensiones de derechos que pueden generarse en la narración de la transición a la paz como parte del ejercicio periodístico. No es una tarea fácil, pues el periodista cumple con su responsabilidad democrática cuando informa a la sociedad de un hecho de interés público, como las exhumaciones de Bojayá. Pero a las víctimas se les debe protección y tranquilidad en su duelo íntimo, además de autorregulación...

Este documento explora el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales. ¿Cuál es la relación entre el etiquetado de alimentos y nuestros derechos humanos? ¿Son claras las etiquetas de productos comestibles en Colombia actualmente? ¿Qué dicen las normas colombianas en esta materia? ¿Qué modelos de etiquetado se han adoptado en América Latina y cuáles han funcionado mejor? Este texto busca indagar sobre estas y otras preguntas desde un análisis jurídico de derechos humanos y desde la evidencia científica. En él se documenta por qué el etiquetado de alimentos es una herramienta de conocimiento importante para ejercer nuestros derechos y se discute qué está haciendo Colombia al respecto. Por último, se exploran los modelos de etiquetado implementados en México, Ecuador y Chile, evaluando desde la evidencia su efectividad. El documento muestra que los esfuerzos del Estado colombiano por establecer un etiquetado de alimentos claro, visible y veraz, no han sido suficientes. Además, hace una invitación explícita a los tomadores de decisión a nivel ...

El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados ...

La importancia de las categorizaciones del género y basadas en el género se afianza en el mundo de los deportes como en ninguna otra dimensión de la cultura o la sociedad del siglo XXI. Aunque se presenta como natural, lógico e innato, el trato diferenciado entre hombres y mujeres, y niños y niñas en el mundo deportivo es en gran parte producto de más de un siglo de socialización global que pretende preservar el deporte como un pasatiempo, un estilo de vida y una fuente de oportunidades dominados por los hombres. Como el más popular del mundo, el fútbol puede ser el ejemplo más grande de las disparidades actuales en el deporte. A pesar de la presencia de las mujeres en las canchas desde principios del siglo XX, los gobiernos y las asociaciones de fútbol han eliminado de manera proactiva su capacidad de participar en el juego bonito a través de estereotipos de género, poca inversión, oportunidades profesionales precarias y faltas de respeto. Este libro describe las formas de discriminación basada en el género que sufren las futbolistas en distintos niveles alrededor del mundo, y explica cómo y por qué estos abusos violan los principios internacionales y...

El sufrimiento y el dolor que experimentan las personas al final de la vida y quienes dependen de la heroína encuentran alivio en los opioides. Estos medicamentos están sometidos a un estricto régimen de fiscalización, producto de la aplicación de los tratados internacionales de drogas, que implica una excesiva burocracia y un miedo generalizado tanto en pacientes como en profesionales de la salud para usarlos. Muchos opioides están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ser esenciales, su carácter controlado genera en la práctica una vulneración del derecho a la salud de estas dos poblaciones. En este libro presentamos un diagnóstico realizado en cinco ciudades colombianas sobre las barreras de acceso a opioides que enfrentan los pacientes en los dos ámbitos. Estas barreras se pueden agrupar en cuatro categorías: 1. Fallas estructurales del sistema de salud colombiano. 2. Falta de capacidad institucional para mantener el abastecimiento de opioides en pequeñas y medianas ciudades. 3. Falta de formación profesional en cuidados paliativos y tratamiento para la dependencia de la heroína en pequeñas y medianas...

El presente documento responde a la iniciativa de formular un módulo sobre los sujetos étnicos en Colombia desde la perspectiva de los derechos territoriales, teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos más relevantes y elementos del contexto histórico en el que se han producido. Este esfuerzo busca motivar una intervención jurídicamente informada y socialmente sensible a la gestión de conflictos por la tierra de cuyo abordaje depende la protección de la vida, la integridad y la pervivencia física y cultural, presente y futura de los pueblos y comunidades étnicas de Colombia. Además, busca promover herramientas y reflexiones para actuar en contextos territoriales concretos, poniendo énfasis en los retos y aprendizajes surgidos del proceso de restitución de derechos territoriales. Luego de más de 8 años de implementación, los procesos de restitución de derechos territoriales adelantados en el marco de los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011 muestran que en los territorios étnicos se han configurado el despojo, el abandono, el confinamiento, el desplazamiento forzado, la falta de garantías respecto de la tenencia de la tierra, del derecho a la alimentación, la...

El derecho a la intimidad de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo se encuentra en constante amenaza. Un ejemplo de esto son los casos donde médicos o jueces, sin ni siquiera saber si están cometiendo un delito, revelan sus datos personales o incluso las denuncian. Para el 2016 existían cerca de 1.604 procesos penales abiertos en contra de mujeres que se practicaron abortos (Caracol Radio, 2016), y que según el exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, llegaron en gran medida a la Fiscalía por las denuncias de los mismos médicos y profesionales de la salud que atendieron a estas mujeres. Esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de las causales despenalizadas, sumada a otros obstáculos propios de la cultura y del sistema jurídico, hace que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas para realizarse el aborto antes de usar el sistema de salud. El instituto Guttmacher señala que de los 400.400 abortos practicados en el 2008 en Colombia, solo 322 se realizaron dentro del sistema nacional de salud. Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de estas tensiones que se presentan entre...

Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto...

Esta investigación analiza la trayectoria, las características y el papel de la participación en el sector extractivo en Colombia desde un enfoque de economía política que privilegia el análisis de las dinámicas políticas como un factor relevante para el logro de la gobernanza. Para su elaboración, se acudió al análisis de información secundaria y primaria. Esta incluye entrevistas a diferentes actores relacionados con la actividad extractiva en el país. El documento destaca el esquema jerárquico de toma de decisiones en el sector y la identificación de una brecha entre dos bloques de actores: el bloque proextractivo, liderado por el Gobierno Nacional y el sector empresarial, y el bloque crítico, integrado por organizaciones sociales, grupos étnicos, integrantes de algunos partidos políticos, expertos y sectores académicos y de ONG. Hay una brecha discursiva y práctica que separa los dos bloques. El primero opera desde una lógica de control absoluto del sector y del rol de los diferentes actores; del lado opuesto, se propone una lógica de diálogo informado y simétrico que auspicie la participación ciudadana. Las dificultades para el acercamiento de esos...

Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta este contexto, visitamos 21 colegios en Bogotá a los que asisten alumnos con distinta capacidad económica. El sobrepeso y la obesidad infantil son un problema que va en aumento en Colombia. De hecho, en los últimos 40 años se ha multiplicado por diez el número de personas entre 5 y 18 años con obesidad y, para 2022, se espera que los niños, las niñas y los adolescentes sufran más de obesidad que de bajo peso. Esto es grave, pues la obesidad infantil se asocia con muerte prematura, dificultades respiratorias, enfermedades vasculares y efectos psicológicos. Este fue el principal motivo de nuestra investigadora Valentina Rozo para investigar sobre lo que se oferta en las tiendas escolares. Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Aunque estos pasan gran parte de su tiempo allí, en Colombia no existe ninguna regulación a nivel nacional que establezca cuáles son los productos que se pueden vender o publicitar en estos lugares. Por tanto, depende de los entes territoriales desarrollar o...

Las Américas están a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. En Estados Unidos, desde 2012, diez estados y el distrito de Columbia aprobaron iniciativas para regular el cannabis para usos no médicos (“recreativos”), ya sea por elecciones o por aprobación de leyes. La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos hoy viven en estados con algún tipo de acceso legal a cannabis medicinal o recreativo, aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico; uno de los objetivos principales del gobierno era separar el mercado del cannabis de los mercados de otras sustancias. En 2018, Canadá se sumó a Uruguay y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis. México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.