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Esta obra trata de colmar los distintos vacíos legales con los que nos encontramos en la regulación legal de la personación en el proceso penal, poniendo a disposición del lector diversas soluciones dirigidas a cumplir las expectativas legales de quienes deben o quieren participar como parte. Desde una perspectiva práctica, fundamentada en la doctrina, jurisprudencia y práctica forense, se examinan y clarifican diversos aspectos relacionados con la intervención de las distintas partes en el proceso penal como acusadoras, investigadas y responsables civiles, así como los requisitos, facultades, actuaciones y efectos de su personación en el proceso penal. Yolanda Valdivielso García, es Letrada de la Administración de Justicia desde 1993, actualmente está destinada en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla. Se doctoró en 2017, con la tesis “La personación procesal”, en la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude.

El libro que el lector tiene entre sus manos contiene cincuenta trabajos que versan sobre diversos ámbitos del Derecho Procesal, todos ellos de plena actualidad e indiscutible interés práctico, redactados por académicos vinculados a diferentes universidades españolas. Es el fruto de un esfuerzo colectivo dirigido a homenajear la memoria del Profesor Ernesto Pedraz Penalva, quien fuera Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid entre 1986 y 2014.

Desde que en enero de 2001 entrara en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se han publicado numerosas leyes que, en mayor o en menor medida, han alterado el sistema de recursos que para el proceso civil español introdujo la referida ley. Algunas de esas modificaciones han sido muy puntuales. Es el caso de las modificaciones introducidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, o por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, otras reformas han sido de mucho mayor calado, ya afecten a un conjunto de recursos propios del proceso civil, o tan sólo a algunos de ellos. Es el caso de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficinal judicial y de la LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior; así como de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, o de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por lo que se refiere a la revisión civil. Además, no se pueden obviar...

La llamada aplicación privada del Derecho de la competencia, mediante acciones de daños y/o de nulidad ante los tribunales ordinarios de justicia, es en estos momentos el sistema de aplicación preferente de este sector en los Estados Unidos. En Europa está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor, ya como complemento de un sistema que todavía es predominantemente público, al basarse en normas sancionadoras aplicadas por autoridades públicas -que sólo puede conseguirse por esta vía y que no alcanza a la compensación de las víctimas-, ya incluso como alternativa a tal sistema. La presente obra, que tiene su origen en el Congreso Internacional sobre aplicación privada del Derecho de la competencia, que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, ofrece un panorama bastante completo y pluralista de esta materia, al superponerse tratamientos transversales, de valoración conjunta o de información sobre diversas experiencias nacionales, con aportaciones más concretas, que estudian cuestiones específicas, tanto de Derecho material como procesal, y que contemplan prácticamente todas las que son relevantes en este campo. Asimismo, se abordan los ...

La presente monografía aborda el estudio de la hipoteca flotante del artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria. Se trata de una modalidad hipotecaria que permite garantizar una o más obligaciones, presentes y/o futuras, incluso sin conexión causal entre ellas. No exige individualizar la responsabilidad máxima hipotecaria atribuida a cada una de las obligaciones garantizadas, por lo que cada euro de la responsabilidad hipotecaria cubre cada euro de los créditos garantizados (la “indiferenciabilidad” típica de esta hipoteca). Cabe una hipoteca flotante en garantía de obligaciones futuras, definidas por referencia a los actos jurídicos básicos de los que deriven, sin que sea preciso que exista, al tiempo de la constitución de la hipoteca, la relación jurídica en cuyo seno nacerán. Se analizan en la obra peculiaridades de esta figura en los trances de cesión o subrogación, de todas o respecto de todas, o sólo de una parte, de las obligaciones garantizadas por la hipoteca, y sus efectos sobre la garantía. También identifican los problemas derivados de la multiplicidad de titulares de la flotante, defendiéndose en última instancia la tesis de que las partes de la...

Es evidente el interés que suscita la impugnación de acuerdos sociales tanto al Derecho mercantil como a cualquier persona vinculada a la actividad de las sociedades de capital. Pero no es menor el interés que levanta entre los procesalistas, atendiendo al singular ajuste que el Derecho procesal tiene que hacer de sus instituciones para responder a las particulares pretensiones del ordenamiento societario. Las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial son el principio que está detrás del mismo origen del proceso de impugnación de acuerdos sociales. Ya la Exposición de Motivos de la LSA/1951 calificó la regulación de este proceso como “pieza esencial” para evitar que la garantía de los derechos de las minorías “quedase reducida a una reforma platónica”. En la misma línea, la Exposición de Motivos de la Ley 31/2014 justifica la reforma introducida sobre el régimen jurídico de la impugnación de los acuerdos sociales en la ponderación que se ha hecho de “las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial con las derivadas de la protección de las minorías y la seguridad del tráfico jurídico”. Bajo esta lógica se presentan en este trabajo...

Las últimas reformas legislativas, que han culminado con las reformas procesales de julio de 2015, aumentan paulatinamente la protección de los deudores hipotecarios. Pero olvidan casi por completo al avalista que afianzó con todo su patrimonio a quien concertó un préstamo garantizado con hipoteca. ¿Pueden ejecutarse las dos formas de garantía en un mismo procedimiento? ¿Qué posición ocupa el fiador en la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que deberá afrontar el pago de la deuda pendiente tras la subasta? La presente obra aborda cuestiones como su legitimación, la posible acumulación de acciones y procesos, las causas de oposición, o la existencia de cláusulas abusivas desde la perspectiva del avalista. Desde la posición privilegiada de la autora, como responsable de las ejecuciones hipotecarias, la obra se dirige no sólo a los estudiosos del derecho, sino también a solucionar las dificultades prácticas que para los profesionales supone la aparición de esta figura en los procesos de ejecución civil.

A una década de la reforma constitucional y legal que propició la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia, se presenta la necesidad de replantear la comprensión de varias de sus instituciones. El presente trabajo se centra en los institutos de los acuerdos y los allanamientos y respalda la cláusula del descubrimiento probatorio anticipado como elemento que contribuye a la defensa del imputado, al tiempo que garantiza los derechos de las víctimas y estimula la eficiencia del aparato judicial.

En la actualidad, la inclusión de la perspectiva de género en la educación y en la formación constituye un mandato legal. Las universidades deben estimular y dar soporte a las iniciativas complementarias de la enseñanza oficial que fomenten valores igualitarios. Las medidas del Tercer Plan de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad Autónoma de Barcelona (2013-2017) establecen, “la promoción de la perspectiva de género en la enseñanza y en la investigación”, y determinan la necesidad de “explicitar la perspectiva de género en la elaboración de las guías docentes y en los programas de las asignaturas desde un modelo de universidad inclusiva; así como favorecer la publicación de materiales para la docencia que tengan en cuenta la perspectiva de género”.La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona ha manifestado de forma continuada su preocupación por la inclusión de la perspectiva de género en el marco de la docencia que se imparte en sus aulas. El Centro de Estudios y de Investigación “Mujeres y Derechos” (Dones i Drets) promueve un debate interdisciplinar desde diferentes ámbitos de la docencia y de la...