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Los procesos de integración regional comparten en la actualidad un rol protagónico con los Estados nacionales en el escenario de las relaciones internacionales. Estos esquemas condicionan el comportamiento de los Estados y de otros actores de la escena internacional. De allí la importancia de su estudio, en particular del bloque que integramos, el Mercosur. Nuestro proceso presenta peculiares características que desde las diversas dimensiones del fenómeno de la integración regional merecen ser analizadas. En especial, es necesario detenerse en el análisis de los aspectos jurídico - institucionales del Mercosur, cuyas deficiencias son de diversa índole y grado. A más de veinte años desde su creación, el Mercosur no ha cumplido las ambiciosas metas propuestas desde sus orígenes, más allá de los relanzamientos que tuvo al correr de su vida, en consonancia con los vaivenes en las presidencias de los Estados parte y, en especial, del lugar que le han reconocido en las respectivas agendas de política exterior.

La reforma constitucional de 2011 incluyó nuevos mecanismos de integración e interpretación del derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos, y aparecieron con ella conceptos como las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, y principios como la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Este marco configuró el objetivo de la primera edición de Los derechos en acción: ofrecer al lector un conjunto de herramientas para que pueda convertir esas obligaciones y principios de derechos humanos en litigios estratégicos, sentencias, políticas públicas, armonización de leyes y construcción de indicadores. Le propusimos analizar al sujeto en su contexto y desempacar las obligaciones de derechos humanos. Hoy estamos de vuelta con una segunda edición, pues luego de todo este tiempo aplicando principios y desempacando derechos, tenemos más claras las potencialidades, límites y procesos para utilizar con éxito las obligaciones y principios de derechos humanos. En esta nueva edición se suman instrucciones más precisas, herramientas más desarrolladas y ejemplos de aplicaciones...

A pesar del interés creciente que despierta, el tema del poder ejecutivo en México ha sido poco estudiado. Este ensayo dibuja un panorama general del presidencialismo mexicano hoy en día, su organización, las más importantes facultades que el presidente posee, derivadas tanto de la constitución, de la ley, como del sistema político. En el libro se plantean por primera vez algunos de los principales problemas que presenta nuestro sistema presidencial y se proponen soluciones. Frente a las múltiples funciones que posee el presidente se señalan los límites que tiene, y se hacen resaltar los controles que el legislativo debe ejercer con el objeto de lograr el equilibrio de poderes que la constitución estructura. Este estudio aunque realizado con la metodología jurídica, no descuida los aspectos históricos, sociológicos, económicos y políticos, con el propósito de presentar qué es realmente el régimen presidencial mexicano. El autor no pretendió realizar un ensayo jurídico puro; al contrario, con frecuencia confronta la norma con la realidad. Esta es la clase de estudios constitucionales que un país como México necesita.

Recoge: Parte primera: Integración europea - Parte segunda: Integración latinoamericana - Parte tercera: Relaciones entre la unión europea y América Latina.

Recoge: 1. Las instituciones de la Comunidad Europea - 2. Las instituciones del Mercosur - 3. Conclusiones.

La 4e de couverture indique : "La profunda reforma de la regulación de la buena fe procesal operada con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, la continua aparición de muy diversas resoluciones judiciales sobre los arts. 11.1 LOPJ y 247 LEC, la publicación de nuevas aportaciones doctrinales sobre la materia, y el haberse agotado la primera edición de esta ob ra, justifica esta segunda edición plenamente adaptada a la nueva realidad legal, jurisprudencial y doctrinal. El amplio reconocimiento legal del principio de la buena fe procesal ha comportado tres relevantes consecuencias respecto a su ámbito de aplicación: en primer lugar, su vigencia alcanza a todos los órdenes jurisdiccionales; en segundo lugar, su aplicación incide sobre cualquier tipo de procedimiento -ordinario o especial- y a cualquier etapa del mismo -declarativa, ejecutiva o cautelar-; y en tercer lugar, su exigencia abarca a todo "interviniente" en el proceso, esto es, tanto a las partes como a los abogados, procuradores, testigos, peritos, etc. Como es fácil advertir, estamos ante una materia de especial repercusión práctica, y ello se deduce del constante uso que los tribunales hacen de la buena (o mala)...