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Esta obra aborda el combate de Trafalgar desde tres perspectivas diferentes. La primera parte expone la magnitud de la batalla entre 60 navíos de línea causando más de 10.000 bajas en 5 horas de duración. La subordinación española a la marina napoleónica, las desavenencias con los mandos franceses. La errónea táctica de virar por giros simultáneos. El navío S. Agustín y su comandante Cagigal contra la columna de Nelson. Se explica la «gota fría» que sobrevino la noche del combate con una duración de ocho días. El naufragio de 14 de los 17 navíos capturados por los británicos. 800 ahogados en el navío francés «Indomptable». El navío español «Neptuno» y sus 790 hombres a merced de los huracanes. El heroísmo y la ética de guerra. La segunda parte estudia la relación entre el comercio y los avances náuticos. España supera el hundimiento económico del s. XVII gracias a las iniciativas de la Casa de Borbón. Se inicia en el s. XVIII una reconstrucción naval que coloca a España, de nuevo, como potencia mundial. Alguno de esos navíos son los que participan en Trafalgar. En la tercera parte se aborda el estudio de un marino español combatiente y una...

La CE de 1978 consagra en el art. 9.3 el principio de seguridad jurídica que vertebra todo el ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica garantiza la certeza del derecho necesaria para poder articular un normal funcionamiento de la aplicación de las normas en un ordenamiento jurídico y el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. La seguridad jurídica es la ausencia de incertidumbre, es el saber a qué atenerse. La seguridad jurídica debe garantizar a la ciudadanía la posibilidad de conocer la regulación de derecho positivo que determina lo que está permitido o prohibido y las consecuencias jurídicas de sus actos. La seguridad jurídica es una institución consustancial al propio Derecho que, en el momento actual, donde estamos en una situación de pandemia mundial con sucesión de normas para su control, ha cobrado actualidad, más bien, la inseguridad jurídica que provoca la constante modificación de las medidas de control de la pandemia que decretan las autoridades e interpretan los órganos jurisdiccionales. Por ello, la seguridad jurídica es un tema clásico de la teoría general del Derecho, pero también un tema de absoluta actualidad.

Que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración, sino que además, es un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales, para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, es un argumento frecuentemente utilizado por el legislador y la doctrina. Argumento que conecta con una visión socialmente responsable de las organizaciones públicas para ir más allá de sus obligaciones legales, que siempre ha de respetar. La obra que tiene en sus manos, acomete una estrategia de implantación de la contratación socio-responsable, fijando sus intangibles, tales como una gestión orientada a procesos, el plan anual de contratación, la actuación bajo los principios de transparencia y profesionalización, y las acciones de sensibilización con las empresas y los grupos de interés, proyectando la necesaria “capilarización” de los beneficios sociales hacia segundas y siguientes estructuras colaboradoras, para conseguir una auténtica responsabilidad social en red. Se demuestra que, bajo determinados requisitos y principios emanados de la jurisprudencia y la doctrina, es posible contribuir al...

Funcionarios imparciales: Que los legisladores que coexisten en nuestro actual Estado compuesto están obligados a garantizar jurídicamente la imparcialidad de los funcionarios es algo que se desprende con naturalidad de la lectura conjunta de varios artículos de la Constitución de 1978. Medir el grado de cumplimiento de esta obligación constitucional es lo que el autor de La imparcialidad en la función pública pretende, a través de una encuesta que no se queda, como es habitual, en los funcionarios de régimen común, sino que se extiende al resto de los funcionarios: los fiscales, los jueces, los militares, los guardias civiles y los policías. Una encuesta centrada en las normas legales relativas al régimen de incompatibilidades y prohibiciones, la neutralidad política, la carrera profesional, la provisión de puestos o destinos, la obediencia, la abstención, la inamovilidad, la carrera política y el régimen disciplinario, de las que, como mínimo, depende, según es opinión común de los juristas, la existencia de una independencia funcional en el ejercicio de las potestades administrativas, y que se analizan aquí en la medida en que pueden ser un medio para el...

Los avances tecnológicos han propiciado la aparición de nuevas palabras, la mayor parte de ellas anglicismos, que es preciso conocer para poder manejarnos simplemente en el mundo que nos ha tocado vivir. Otras veces no son nuevas palabras, sino algunas ya existentes pero a las que se cambia de significado, lo cual muchas veces dificulta aún más su comprensión. Las leyes que regulan estos nuevos hechos suelen incluir un artículo o un anexo en los que se incorporan las definiciones de una serie de palabras que son usadas en la misma ley y cuyo alcance sólo repercute en ésta. De ahí la importancia que tiene que las conozcamos. En este vocabulario español actualizado, los autores han incluido las palabras que contienen en su articulado las principales leyes españolas y directivas comunitarias de Derechos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para un mejor conocimiento de aquéllas. Asimismo se acompaña una amplia bibliografía sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, abarcando no sólo obras individuales, sino también obras conjuntas y ponencias publicadas, pudiéndose conocer la mayor parte de los trabajos realizados sobre la ...

La investigación indaga sobre el eventual reconocimiento de la potestad reglamentaria a las comisiones de regulación en los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones y sobre el esclarecimiento de cuál sería su alcance y contenido. Para ello hay que partir del análisis de las controversias surgidas en la doctrina y en la jurisprudencia, controversias debidas en buena parte a la ambigüedad del concepto y naturaleza de las comisiones de regulación, así como del contenido y naturaleza de sus funciones. Como se verá al final, la respuesta es positiva bajo la premisa de que es posible y necesario apoderar a estas entidades de una potestad especial en su función de regulación y de intervención específica en actividades económicas de interés general, vista además su necesaria ubicación como Autoridades Administrativas Independientes, como hipótesis planteada en el estudio. Como presupuestos necesarios para el reconocimiento de la potestad reglamentaria a estas autoridades, se analizan las problemáticas jurídicas derivadas de sus rasgos de independencia y neutralidad política; de su anclaje constitucional en los servicios públicos; de sus relaciones...

"Esta es una obra original sobre la denominada por su autor “Constitución administrativa”, que debe estudiarse en la ciencia del derecho dentro del fenómeno o proceso de su “consti-tucionalización” en general, y del derecho administrativo, en particular. Considera José Araujo Juárez que la Constitución debe estimarse no sólo por su valor político de creación y organización del Estado Constitucional sino, también, como norma jurídica de aplicación directa e inmediata, sin necesidad de desarrollo legal, y prevaleciente sobre la propia ley, siendo el “marco constitucional” de todas las ciencias dogmáticas del derecho. Es por ello que posee una incidencia especial en lo referente a la regulación de la organización y funcionamiento de la Administración pública, sus relaciones con las personas, así como las garantías jurídicas correspondientes, “signos” o “núcleo identificador” de la ciencia que estudia el derecho administrativo. DEL PRÓLOGO"

Cada vez son más los juicios donde se aportan documentos electrónicos en diferentes formatos, planteándose el problema de si éstos deben considerarse como una copia o un original.Este libro -actualizado con las últimas reformas procesales para implantar la nueva oficina judicial- analiza la situación del documento electrónico en el ordenamiento jurídico, su naturaleza, validez y eficacia{ por un lado, respecto a los medios e instrumentos electrónicos, informáticos o similares donde los litigantes apoyan sus pretensiones (prestando una especial atención a los procesos monitorios) y, por otro, acerca de los soportes que conforman el material probatorio: son los documentos electrónicos (fonográfico, videográfico o informático).Asimismo, el autor estudia la prueba pericial tecnológica, su reconocimiento judicial y las reglas de valoración{ por ejemplo, qué grado de eficacia puede tener el reporte de actividad de haber enviado un fax, qué sucede con las connotaciones que presentan los sistemas de videograbación en relación con la vida privada de las personas grabadas ó qué ocurre con la singularidad del consentimiento electrónico o las contrataciones...