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El presente libro consta de doscientas sesenta páginas en las que se condensan cada una de las figuras legales y jurisprudenciales que giran en torno a la familia, siempre desde el punto de vista jurídico-privado propio del Derecho Civil. En cuanto al contenido, se comienza con una visión de la familia, el parentesco y el Derecho de familia, para seguir con el análisis de la institución familiar por excelencia, el matrimonio, sin que por ello se hayan obviado nuevas modalidades familiares ajenas tales uniones. Especial atención merece el régimen legal de las crisis matrimoniales, así como sus importantes efectos personales y patrimoniales -sin obviar las de las parejas de hecho-. La llamada economía del matrimonio merece atención prioritaria en el libro por su trascendencia, así como el régimen económico de los gananciales, el más extendido en España. Finaliza la obra analizando la filiación, tanto su determinación como las acciones que se derivan de ella, estudiando el régimen de la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción y, finalmente, la figura del acogimiento familiar.

La autora de este libro realiza un estudio teórico y práctico de la prueba pericial en el proceso administrativo poniendo de relieve la incidencia que sobre la misma tiene la aplicación de la norma Procesal Civil, ofreciendo posibles soluciones para conseguir la correcta armonización entre ambos órdenes jurisdiccionales. Obra de uso imprescindible para cualquier jurista interesado en el proceso contencioso-administrativo y en los numerosos problemas prácticos que plantea la novedosa regulación de la prueba pericial prevista en la LEC, cuando se aplica la misma la proceso administrativo.

Este libro es un ensayo sobre las contradicciones fácticas en el marco de distintos procesos. En particular, sobre las que pueden producirse entre procesos civiles, laborales o de cualquier otra índole posteriores a un proceso penal. En la década de los ochenta del siglo pasado el Tribunal Constitucional entendió contrario a la lógica jurídica y a la propia Constitución este tipo de contradicciones fácticas: «Unos mismos hechos –sostuvo– no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado». Esta afirmación, lejos de ser inocua, tuvo profundas repercusiones legales y jurisprudenciales que llegan a nuestros días. Tanto es así que, apoyada en aquella consideración del Tribunal Constitucional, existe hoy la muy extendida idea de que los tribunales se encuentran vinculados por el juicio fáctico realizado previamente por otros tribunales. Desde las páginas de este libro se rebate la «máxima» del Tribunal Constitucional que, llevada a sus últimas consecuencias, arriesga la independencia judicial y, lo que aún es más grave, el derecho de defensa.

La sentencia civil es una de esas instituciones ante la cual, tanto el académico como el profesional del derecho, nunca han podido quedarse indiferente. Esta resolución judicial pone fin al proceso civil y de alguna manera compendia todos los esfuerzos que el resto de instituciones procesales llevan a cabo a lo largo del proceso judicial. La sentencia y lo que esta supone cierra el arco del proceso judicial y no es posible entender la una sin el otro y viceversa. En el presente trabajo hemos querido seleccionar como objeto del mismo los requisitos internos de la sentencia civil. Más allá por tanto de las cuestiones de forma, el estudio que aquí se presenta analiza las características esenciales que debe tener la sentencia civil para satisfacer cumplidamente las finalidades a las que está llamada. Antes de afrontar los requisitos internos hemos querido desarrollar en el presente trabajo una primera parte en la que se analizan cuestiones insoslayables sobre la sentencia. Qué es y cómo se dicta una sentencia, modalidades de sentencias contempladas en la ley, el proceso de formación interna de la sentencia o las íntimas relaciones entre el derecho y la resolución judicial...

"Estudios sobre el Proceso y la Justicia" es una obra de tres volúmenes que reúne los trabajos más esenciales del profesor Joan Pico i Junoy, destacado e influyente estudioso del derecho procesal contemporáneo. Este volumen, en su primera parte, reúne trabajos sobre temas fundamentales del derecho procesal, desde aspectos relativos a los principios procesales, pasando por la aparente incompatibilidad entre el garantismo y la eficacia, hasta la llamada procesalización del contrato, entre otros estudios relacionados a la efectiva administración de justicia. La segunda parte se enfoca en la enseñanza del derecho procesal y sus resultados en la práctica profesional. Se conforma por estudios que analizan diversos métodos de aprendizaje del derecho procesal y trabajos que inciden en las buenas conductas dentro de los procesos por parte de los abogados. Así, este volumen se constituye como una obra medular para conocer lo fundamental del derecho procesal, sus cimientos teóricos, así como los avances en su desarrollo y efectividad en el sistema español, con un valioso contenido jurídico-procesal para nuestro derecho nacional.

Es evidente el interés que suscita la impugnación de acuerdos sociales tanto al Derecho mercantil como a cualquier persona vinculada a la actividad de las sociedades de capital. Pero no es menor el interés que levanta entre los procesalistas, atendiendo al singular ajuste que el Derecho procesal tiene que hacer de sus instituciones para responder a las particulares pretensiones del ordenamiento societario. Las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial son el principio que está detrás del mismo origen del proceso de impugnación de acuerdos sociales. Ya la Exposición de Motivos de la LSA/1951 calificó la regulación de este proceso como “pieza esencial” para evitar que la garantía de los derechos de las minorías “quedase reducida a una reforma platónica”. En la misma línea, la Exposición de Motivos de la Ley 31/2014 justifica la reforma introducida sobre el régimen jurídico de la impugnación de los acuerdos sociales en la ponderación que se ha hecho de “las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial con las derivadas de la protección de las minorías y la seguridad del tráfico jurídico”. Bajo esta lógica se presentan en este trabajo...

El procedimiento probatorio en el ámbito del juicio verbal (Adaptado a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial). El juicio verbal como uno de los procedimientos declarativos previstos en la vigente LEC para la resolución de las contiendas judiciales a los que aquella norma se remite en su art. 250, plantea no pocos problemas prácticos en el campo probatorio, fruto de la celeridad y concentración procesal con que la LEC ha impregnado a esta tipología procedimental. Pero además de las evidentes dificultades que en el plano práctico se presentan a causa de un entendimiento, podríamos decir, más estricto de aquellas notas, ha de sumarse cualquier otra complejidad cuya explicación debe encontrar su lógica, puramente, en una falta de adecuación o conexión de algunas de las disposiciones comunes a los procesos declarativos en materia de prueba, con la propia estructura procesal adoptada por el juicio verbal. Todas estas cuestiones son objeto de estudio en el presente trabajo, tratando de hallar soluciones para las mismas, sin haberse renunciado por otra parte a examinar los aspectos...

Las casos judiciales mediáticos son fáciles de identificar con la Política y la corrupción del poder, lo que en buena medida radica en la perenne crítica a la elección de los miembros de tribunales superiores, y también del Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayoría de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en órganos judiciales ajenos a ese interés partidista tan publicitado, de mano de un personal jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representación del colectivo judicial viene reiterándose en los últimos años, es a no dudarlo el protagonista último y principal del incumplimiento sistemático y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicación de tan paradójica y vergonzante situación se asienta, por lo general, en dos grupos de causas, la ignorancia del siempre se ha hecho así y la mera comodidad. A fin de sostener estas afirmaciones se han repasado diversas instituciones jurídicas manipuladas en el día a día judicial por marginar las normas en vigor y el recto entendimiento de principios...

El proceso judicial actual es heredero, en la enorme mayoría de países, de antiguas regulaciones, romanas sobre todo, que fueron acumuladas, reformadas y casi podría decirse que amontonadas durante varios siglos, hasta que vinieron las codificaciones del siglo xix y las que les siguieron, que intentaron compilar mejor y simplificar el panorama existente. Sin embargo, siguieron arrastrando la enorme mayoría de esquemas del pasado. Esta realidad debe cambiar cuanto antes. Debe superarse el sistema medieval definitivamente, haciendo que la realidad procesal actual sea muchísimo más simple, modernizando prioritariamente la infraestructura de justicia existente –también heredera del pasado–, simplificando decididamente el procedimiento, desburocratizándolo, eliminando diligencias absolutamente innecesarias o redundantes y mecanizando trámites que empeñan miserablemente el tiempo del personal de los tribunales y de los abogados. También es prioritario abandonar la idea de que el Derecho sea una ciencia cerrada en sí misma. El Derecho procesal, especialmente, requiere aportes al menos de la epistemología, de la psicología y de las neurociencias, no solo en materia...

La posesión y su defensa son fi guras básicas en nuestra regulación jurídica. El despojo posesorio realizado sin derecho o, aun teniéndolo, mediante justicia de propia mano, apartándose de los cauces legales, afecta al orden público y exige una resolución específica por los tribunales que desincentive tal autotutela, tanto al realizar el despojo si quien lo hace se cree con mejor derecho a poseer, o posteriores actuaciones del despojado para recuperar lo desposeído sin acudir a los tribunales. Se trata de evitar la «ley del más fuerte». La tutela posesoria moderna protege las situaciones posesorias de hecho, cualquiera que fuera su origen o naturaleza, con independencia de que se tenga derecho, o no, a poseer. Para ello se configuran en la Ley de Enjuiciamiento Civil los procedimientos de tutela sumaria de la posesión, anteriormente denominados interdictos de recobrar, como especiales y sumarios, paralizando tal situación de fuerza y ordenando la restitución de lo desposeído, excluyendo de su cognición cualquier otra cuestión de propiedad, titularidad dominical, o posesión definitiva, a esperas de que quien tenga mejor derecho, lo reivindique posteriormente, si ...

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento? Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE. Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios...

El presente trabajo se centra en el estudio de la segunda instancia en la jurisdicción civil, y en particular de la apelación «reconvencional», que es como el autor rebautiza lo que tradicionalmente se conocía como «adhesión a la apelación» o «apelación adhesiva», tratando su naturaleza jurídica, su fundamento y sus efectos. Así, tras reelaborar el concepto de «recurso» para dar cobijo a los terceros a quienes los efectos de la resolución impugnada, causan un gravamen o les resulta desfavorable, explica el concepto, la naturaleza jurídica, el fundamento y los efectos de la apelación «reconvencional », y propone una regla que resuelve los problemas de legitimación para interponer la apelación «reconvencional», cuestiones respecto a las que a veces, con mejor voluntad que acierto, se llega en la doctrina y en la jurisprudencia a interpretaciones dispares, tratando de arrojar algo de luz, e incluso ofrece otras alternativas interpretativas novedosas de las que a buen seguro habrá tanto detractores como adeptos.

- Lección Primera. La formación del proceso y de la Ley de Enjuiciamiento Civil- Lección Segunda. Las partes: Capacidad- Lección Tercera. Las partes: Legitimación- Lección Cuarta. Las partes: Otras cuestiones- Lección Quinta. La competencia- Lección Sexta. El objeto del proceso de declaración- Lección Séptima. Actividades previas al proceso- Lección Octava. Tipos de procesos, cuestiones incidentales y costas- Lección Novena. La prueba. Nociones generales (I)- Lección Décima. La prueba. Nociones generales (II)- Lección Undécima. La prueba: Los medios de prueba en concreto (III)- Lección Duodécima La prueba: Los medios de prueba en concreto (IV)- Lección Decimotercera. La prueba: Los medios de prueba en concreto (V)- Lección Decimocuarta. La demanda- Lección Decimoquinta. Las actitudes del demandado- Lección Decimosexta. La audiencia previa- Lección Decimoséptima. La sentencia- Lección Decimoctava. Desarrollo y terminación anormal del proceso- Lección Decimonovena. El juicio verbal- Lección Vigésima. Conceptos generales- Lección Vigesimoprimera. La apelación- Lección Vigésimosegunda. Los recursos extraordinarios- Lección Vigesimotercera. La cosa...

La garantía de indemnidad es una figura de origen genuinamente laboral, construida con el objeto de evitar represalias contra el trabajador que reclama contra su empresa. Ha actuado como revulsivo en el ámbito de las relaciones laborales y constituye una herramienta clave para atenuar las desigualdades inherentes a las mismas. Difícilmente podría haberse residenciado en otra rama del Derecho el origen de esta institución, estrechamente vinculada al carácter tuitivo que debe caracterizar al Derecho del Trabajo. Han pasado casi treinta años desde que la garantía de indemnidad fue enunciada por primera vez en el seno de la jurisprudencia constitucional. Desde entonces ha ido desarrollándose de forma paulatina y ha adquirido unas dimensiones que superan con creces los esquemas iniciales sobre los que fue construida. Ahora bien, pese al tiempo transcurrido, no se han resuelto todas las dudas; muy al contrario, siguen aflorando con relativa frecuencia, fundamentalmente conectadas a sus límites, tanto subjetivos (desde el punto de vista ya sea del reclamante y sus allegados, ya sea del sujeto represivo), como objetivos (relativos a las actuaciones protegidas, especialmente a...

Reune todas aquellas disposiciones de interés que afectan a la organización judicial en España.