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El presente libro aborda los problemas que genera el delito de hurto y robo de uso de vehículos a motor del artículo 244 del Texto punitivo y la falta del 623.3. El autor analiza los diversos interrogantes dogmáticos y político criminales que presenta una infracción que ha sido objeto de múltiples modificaciones desde que se incorporó a la legislación española en 1950. Con esta perspectiva, trata con sumo detalle la incidencia que en la conducta típica tiene, o puede tener, la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que da lugar, nuevamente, a las principales cuestiones exegéticas del delito de utilización ilegítima de vehículos a motor del art. 516 bis del Código Penal de 1944/73. También se lleva a cabo un profundo estudio doctrinal y jurisprudencial, con atractivas propuestas de lege ferenda y lega lata, de todos los elementos de los tipos del mencionado artículo 244 y de la falta del 623.3. Igualmente, es objeto de análisis, en clave crítica, el nuevo supuesto de comisión reiterada de faltas del párrafo segundo del número 1 del artículo 244, del que se duda hasta de su vigencia.

Al término de la Guerra, Louk Hulsman emprendió sus estudios de derecho, pero lo cierto es que en pocos años se graduó y pasó a prestar servicios en el Ministerio de Guerra y luego en el de Justicia. Entre 1963 y 1986 fue catedrático de derecho penal y criminología en la Universidad de Róterdam. Diseñó la política de drogas holandesa y fue el impulsor del famoso Report on Decriminalization del Consejo de la Unión Europea (Estrasburgo, 1980). Desempeñó diferentes cargos en las directivas de la Asociación Internacional de Derecho Penal, en la de Defensa Social y en la de Criminología, fundando además ICOPA (International Conference on Penal Abolition). Su actividad internacional, la constante participación en congresos, jornadas, seminarios y otros eventos académicos, era una muestra de su enorme capacidad de diálogo. Su vida se apagó súbitamente, en su apacible y alucinante casa de Dordrecht, el 28 de enero de 2009. Veinte días antes Hulsman había sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, en razón de su condición de padre de la política holandesa de tolerancia en materia de drogas. Pocos meses después, la Sociedad Holandesa de Criminología lo...

Sea cual sea la concepci¢n del injusto de la que se parta y la concepci¢n te¢rica de lconcepto de autor en sentido estricto que doctrinalmente se adopte, un an lisis serio y riguroso acerca de las conductas imprudentes de determinados sujetos que posibilitan o facilitan el hecho imprudente principal, va a venir derivado del estudio del derecho positivo vigente. Esto implica la necesidad de analizar con rigor el alcance de la definici¢n legal de autor en sentido estricto, as¡ como de las dconductas que el c¢digo penal considera de autor. Antes de afirmar la punici¢n o no de un hecho no doloso que supone la participaci¢n en el delito imprudente principal ejecutado por otro habr que determinar cuando una acci¢n u omisi¢n concreta supone realmente una participaci¢n en el hecho imprudente principal, para despu‚s analizar si la misma es punible o no de modo independiente pero accesorio al hecho principal ajeno.

El libro es fruto del trabajo realizado durante varios a¤os por un grupo de investigadores. Delitos contra la seguridad del tr fico: an lisis dogm tico, criminol¢gico y pol¡tico criminal. El libro esta dividido en cap¡tulos que corresponden a unidades tem ticas: introducci¢n y parte genral, delitos imprudentes de homicidio o lesiones relacionados con la seguridad vial, omisi¢n del deber de socorro, delitos contra la seguridad del tr fico, valoraci¢n pol¡tico-criminal, contenidos criminol¢gicos, responsabilidad civil, procedimiento.

La presente obra, que alcanza su quinta edición, tiene como objetivo el análisis exhaustivo del Derecho administrativo sancionador, o Derecho penal administrativo, conjugando la perspectiva doctrinal y la práctica. Los autores, reconocidos especialistas en la materia, desarrollan una teoría general de la infracción administrativa, y un tratamiento completo del procedimiento sancionador. De esta manera, se proporcionan las pautas necesarias para hacer frente a los problemas que se pueden plantear tanto a quien ha de resolver problemas prácticos concretos, como a quien se dedica al estudio científico de esta rama del ordenamiento jurídico. En su confección, perfectamente actualizada conforme a las reformas de las Leyes 39/2015 y 40/2015, se han utilizado amplísimas referencias bibliográficas y jurisprudenciales, estas últimas procedentes sobre todo del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, aunque abundan referencias a resoluciones de otros órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales. Por ello resultará extremadamente útil tanto para los profesionales del Derecho, como para las Administraciones públicas, al hacer accesible el estado actual del...

La presente obra, que consta de seis capítulos, revisa las respuestas del derecho punitivo del Estado frente a la protesta social. En ellos podrá encontrar el lector, el análisis de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión, tanto desde el derecho comparado, como desde la perspectiva constitucional, siendo éstos los pilares fundamentales que permiten la ejecución de las protestas sociales, y, por consiguiente, de obligatoria revisión en un Estado democrático. Se analiza el derecho administrativo sancionador de la protesta social que ha generado mucha discusión por parte de los diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la doctrina y los medios de comunicación por limitar el ejercicio de la protesta social.También, consta el estudio sobre el derecho penal con finalidad preventiva y la criminalización de la protesta social que revela importantes hechos que guardan relación con la estructuración de una política criminal expansiva e intensa del derecho penal, que busca controlar conductas que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pedro Martín Páez Bimos. Abogado Subespecialista ...

La obra que se presenta constituye un estudio completo del delito de publicidad engañosa. Desde tal dimensión, la autora realiza un exhaustivo análisis de las cuestiones nucleares que atañen el artículo 282 del Texto punitivo; fijando la investigación en los diversos interrogantes dogmáticos y políticos criminales que el delito plantea.Con sumo detalle, contempla el contexto normativo de dicha figura, e incide en el bien jurídico protegido, tanto en los delitos socioeconómicos, como en los dirigidos estrictamente contra los consumidores, además de acometer, con profundidad, el examen del bien tutelado en el delito publicitario. Igualmente, a través de una metodología sistematizada, individualiza la aplicación de cada uno de los elementos que componen el tipo; abordando interesantes reflexiones doctrinales y jurisprudenciales y sugiriendo atractivas propuestas, de lege ferenda y lege data, que nos acercan a la justificación de tal incriminación penal. Belén Macías Espejo, Doctora en Derecho por la Universidad de Granada y Licenciada en Criminología por la Universidad de Murcia, es Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y abogada en ejercicio del...

Con los Comentarios al Código Penal -adaptados a la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio- el lector podrá encontrar una importante síntesis de las discusiones de interpretación y aplicación relacionadas con cada precepto del Código Penal. Para su elaboración se ha contado con reconocidos profesionales del Derecho, jueces, fiscales y profesores universitarios, especialistas en el ámbito penal. Se han utilizado amplias referencias bibliográficas y jurisprudenciales-sobre todo, del TC, TS y de diversas Audiencias Provinciales- seleccionando aquellas que han marcado un criterio interpretativo de especial relevancia. Ello no ha supuesto, en modo alguno, la renuncia a propuestas dogmáticas y político-criminales, de abundante referencia a lo largo del libro. Esta obra resulta de obligada consulta para el profesional jurídico ya que proporciona pautas altamente elaboradas para la solución de problemas prácticos concretos. Por último, la monografía cuenta con detallados índices, sistemático y por materias, para una rápida localización de contenidos así como con una relación bibliográfica en donde poder identificar los trabajos doctrinales...

Nuestro vigente Código Penal, publicado por Ley Orgánica núm. 10/1995 del 22 de Noviembre, recoge en su libro II, de Los Delitos y sus Penas, en el Titulo XV, de los Delitos contra los Derechos de ls Trabajadores, un total de ochos artículos (del 311 al 318), entre los que se encuentran, los tres preceptos (316, 317 y 318), cuyo análisis es el objeto de este estudio. Estos artículos se dedican a la penalización de la falta de medidas de prevención de riesgos laborales en la empresa, adelantando la barrera punitiva antes incluso, de que se origine un daño, al presentarse como un delito de peligro concreto que castiga la mera creación de riesgo grave para la salud del trabajador. El problema es que el afán proteccionista del legislador articulado en estos preceptos, se ha apoyado en una redacción que ha estado caracterizada por la utilización de términos un tantos abstractos, que han dado lugar a intensos debates doctrinales y jurisprudenciales para su concreción. Es por lo que, a lo largo de este trabajo se analiza el tipo penal allí descrito, tratando de dar respuesta a las cuestiones interpretativas más importantes que ha originado su imprecisa formulación

El delito urbanístico ha sido objeto de importantes estudios doctrinales y jurisprudenciales, habiendo dado origen, desde su introducción en el Código Penal, a un amplio debate que va, desde la propia oportunidad o mejor, necesidad de la tipificación de determinadas conductas como delictivas, hasta la aplicación de las consecuencias derivadas del delito, entre las que destaca la demolición, sobre cuya necesidad o no, aún sigue produciéndose una gran polémica jurisprudencial, presentando este tema una gran casuística. Partiendo de la evolución legislativa de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo, la presente monografía se centra en el estudio del bien jurídico protegido, refiriéndose especialmente a la naturaleza de estos delitos, su fundamentación constitucional y las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal en este ámbito. La obra va a desarrollar un exhaustivo estudio de la estructura jurídica del delito urbanístico, refiriéndose por separado al tipo básico del 319.2 y al tipo agravado del 319.1. Y así, examinará, sucesivamente, el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad, así como los...

La cibercriminalidad es un fenómeno de indudable actualidad, creciente, transversal y versátil, y que pone de manifiesto el vertiginoso proceso de transformación que esta clase de delincuencia está produciendo en los índices actuales de criminalidad de nuestra sociedad y que por ello ha necesitado de cambios legislativos y de mayor especialización en la actuación de los operadores de la justicia. Para hacer frente a este incremento exponencial de la criminalidad tecnológica, y a los marcados ámbitos de impunidad que provoca la repetida lesión de bienes jurídicos merecedores de protección penal, ha sido también necesaria la actualización de las técnicas de investigación policial respecto de estas nuevas conductas. Sin afrontar estas líneas de actuación, el Estado de Derecho podía quedar inerme ante una delincuencia cada vez tecnológicamente más sofisticada. El presente Tratado de Delincuencia Cibernética, aborda esta realidad y se estructura, por ello, en dos grandes bloques; por un lado, se ofrece una visión global de los principales delitos de la parte especial del Derecho penal que se cometen a través de sistemas informáticos y cibernéticos; y, de otra...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en las vigentes Constituciones de Italia de 22 de diciembre 1947, francesa de 4 de octubre de 1958 –ni siquiera después de la reforma constitucional introducida en 2003–, ni en la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. Sin embargo, Alemania sí fue pionera en limitar la autonomía de la libertad contractual iniciando las restricciones a la libertad de mercado desde el siglo XIX –así, por ejemplo, la Ley de 1894 sobre plazos en materia de préstamos en los que se establecen requisitos y límites a las cláusulas abusivas en los contrato de créditos para compra de bienes...

La cuestión criminal; Criminología crítica y derecho penal; Política criminal y derecho penal; Revisión crítica del derecho penal parte general; Pena y estado; Estado actual de la teoría de la pena; Del estado actual de la teoría del injusto; Consideraciones en torno a lo injusto; Política criminal e injusto; Los bienes jurídicos colectivos; Significación social y tipicidad; Política criminal y dolo eventual; El injusto personal: primer nivel del principio de culpabilidad; La imputabilidad en un estado de derecho; Castigo o impunidad de la tentativa inidónea: Un falso dilema; Los delitos de peligro; El tratamiento del error en la reforma de 1983; La extinción de la responsabilidad criminal; Legislación extranjera: constitución y reforma penal en España; El delito de práctica ilegal de la detención por parte del funcionario público; El delito de desaparecimiento forzado de personas como crimen contra la humanidad y las medidas internacionales preventivas; Revisión crítica de las instituciones de control penal; Pena privativa de libertad y política criminal: Los establecimientos de máxima seguridad; Derechos de la persona reconocidos por las leyes y fuerzas y ...

Con este manual se pretende ofrecer una presentación rigurosa y asequible a la vez de los ámbitos del Derecho en los que las nuevas tecnologías han tenido un mayor impacto. En capítulos específicos se analizan el régimen de la firma electrónica; la tutela de la intimidad y el régimen de protección de los datos de carácter personal; la disciplina de los servicios de la sociedad de la información; la protección de la intimidad de los trabajadores y los problemas planteados por el teletrabajo; el régimen de las relaciones telemáticas con la Administración pública, así como las iniciativas de democracia electrónica; el cambio radical de coordenadas que la revolución tecnológica comporta en el campo de la propiedad intelectual; el régimen jurídico de los nombres de dominio; la criminalidad informática; los problemas de jurisdicción competente y de ley aplicable derivados de la naturaleza global de la red; y, por último, los aspectos tributarios del comercio electrónico.

La monografía "LA PROHIBICIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS", editada por la UAL, es una publicación absolutamente novedosa en el panorama científico nacional y analiza de un modo riguroso y dialéctico la problemática constitucional de la prohibición de partidos. Así, la obra es fiel reflejo de cómo el debate constitucional trasciende al supuesto concreto que explica la incorporación a nuestro ordenamiento concreto de un procedimiento específico para la ilegalización y disolución de partidos: la ilegalización de Batasuna por su vinculación con la banda terrorista ETA, y se vincula a la concepción y límites de la democracia en una Constitución pluralista.

En esta Obra se ofrece un exhaustivo y amplio trabajo acerca del tema de la retroactividad e irretroactividad en la aplicación de la norma jurídica, dentro de los distintos ámbitos del Derecho, (Penal, Laboral, Contencioso-Administrativo...). Así como su evolución histórica, fundamentación doctrinal, y un completo estudio de sus modalidades.

El auto de sobreseimiento provisional, que da origen a la paralización de, al menos, la tercera parte de las causas criminales incoadas en nuestro país, y que ha sido tradicionalmente una de las figuras más cuestionadas del proceso penal por los los efectos perversos que se le atribuyen.

Hasta la LO 7/2006, de 21 de noviembre, “de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte”, no existía en el Código penal ningún precepto que castigase específicamente el hecho de proporcionar sustancias o métodos dopantes a los deportistas, si bien algunas conductas de esta índole especialmente graves podían llegar a tener relevancia penal bien a través de distintos tipos relativos a los delitos contra la salud pública, bien a través de las correspondientes figuras relativas a la protección de la integridad o la vida, esto es, lesiones u homicidio, en sus modalidades dolosas o imprudentes. Con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, se incorpora en el Código penal el artículo 361 bis, pretendiendo con él –según rezaba su Exposición de Motivos– “asegurar el cumplimiento de las medidas indicadas” en la Ley, para lo que se –rezaba– “arbitra, en el título tercero de esta Ley, un ámbito de tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte”. La Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, “de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva”,...